Reforma de la Ley de Glaciares: Salta busca mayor control y agilidad para el desarrollo minero

La reforma de la Ley de Glaciares abre un nuevo escenario para la actividad minera en Salta, con un enfoque que combina mayor claridad normativa, fortalecimiento institucional y agilización de los procesos administrativos. Así lo expresó el secretario de Minería provincial, Gustavo Carrizo, quien valoró el cambio de paradigma que impulsa la nueva legislación.

“Pasamos de una ley que era totalmente prohibitiva a una ley que tiene un carácter precautorio”, sostuvo el funcionario, al tiempo que remarcó la importancia de que las provincias tengan un rol más activo en la gestión de sus recursos naturales.

En ese sentido, Carrizo destacó que la reforma otorga mayor peso a las jurisdicciones locales frente al Estado nacional. “¿Quién más que nosotros va a defender nuestros recursos? Nosotros elegimos en qué vamos a transformarlos en riqueza, cuándo, cómo y dónde”, afirmó.

Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es la definición más precisa de conceptos clave como glaciar y ambiente periglaciar, lo que permitirá delimitar con mayor exactitud las zonas donde se podrán desarrollar proyectos productivos.

Una realidad geográfica particular

El funcionario también puso el foco en las características propias del territorio salteño. Explicó que la Puna presenta condiciones desérticas, con fuertes amplitudes térmicas, lo que implica una menor presencia de glaciares en comparación con otras regiones del país.

Según detalló, los glaciares en Salta se ubican en zonas de alta montaña, por encima de los 6.000 metros, en áreas como el Nevado de Cachi, Acay, Llullaillaco y Socompa, y no son numerosos.

En este contexto, aclaró que actualmente no existen proyectos mineros en esas zonas y que cualquier iniciativa futura deberá cumplir con estrictos estudios de impacto ambiental, en articulación con distintas áreas del Estado, como Ambiente, Recursos Hídricos y Asuntos Indígenas.

Además, subrayó el rol del Servicio Geológico Minero Argentino en el acompañamiento técnico y la validación de los procesos.

Menos burocracia y más velocidad

Otro de los ejes destacados por Carrizo fue la reducción de los tiempos administrativos, una demanda histórica del sector. Según indicó, actualmente un trámite no debería superar las cuatro semanas de resolución.

“Hoy, si usted trae una documentación, no puede pasar más de cuatro semanas para que se vaya con ese permiso”, aseguró.

En esa línea, informó que desde diciembre se aprobaron 42 estudios de impacto ambiental y que el ritmo de trabajo continúa en aumento, con nuevos proyectos en evaluación.

Inversión y desarrollo local

El funcionario también reveló que la provincia mantiene reuniones con inversores nacionales e internacionales, incluyendo actores de Canadá, con el objetivo de avanzar en la validación de proyectos mineros.

No obstante, dejó en claro que el desarrollo de la actividad dependerá no solo de la inversión, sino también del acompañamiento local: “Si el desarrollo local no lo acompañamos, no va a ocurrir por dinero”.

Finalmente, Carrizo sintetizó la postura del Gobierno provincial frente al nuevo escenario: apertura a las inversiones, pero con reglas claras y control estatal.

“Celebramos la inversión, pero las reglas son nuestras”, concluyó.