Capemisa cuestionó la importación de un campamento chino para un megaproyecto minero

La decisión del proyecto minero Vicuña, en San Juan, de importar desde China un campamento completo para 2 mil trabajadores encendió fuertes críticas en el sector proveedor de la minería salteña. Desde la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa) alertaron que este tipo de medidas amenaza el desarrollo de la industria local y reduce las oportunidades para empresas y trabajadores de la provincia.

La polémica surgió luego de que se conociera que la firma Power China ganó la licitación para construir el campamento minero del emprendimiento cuprífero. La noticia generó preocupación en medio del crecimiento que atraviesa la minería en el norte argentino y reavivó el debate sobre el alcance del compre local.

El presidente de Capemisa, Federico Russo, cuestionó con dureza el modelo aplicado en San Juan y planteó interrogantes sobre el impacto que tendría una situación similar en Salta.

“Si va a venir un campamento totalmente fabricado en China, ¿qué queda para proveer desde Salta?”, expresó el dirigente empresarial al advertir sobre el avance de importaciones dentro de la cadena minera.

Russo vinculó el debate con lo expuesto días atrás durante el BritDay 2026, el encuentro impulsado por la embajada británica que reunió a funcionarios, empresas y referentes del sector minero. Allí, según explicó, el gobernador Gustavo Sáenz dejó una definición que marcó la postura provincial respecto al desarrollo de la actividad.

“El gobernador dijo que la minería no es un fin, sino un medio para generar empleo, infraestructura y desarrollo para las comunidades”, remarcó el titular de Capemisa.

Según publica El Tribuno, en ese contexto, el dirigente sostuvo que la actividad minera debe traducirse en beneficios concretos para la provincia y no limitarse únicamente a la extracción de recursos.

Otro de los puntos que generó tensión durante el encuentro fue el planteo realizado por Ignacio Costa, gerente general de Rio Tinto Lithium Argentina, quien señaló que los costos de construcción en el país son elevados y que el sector necesita mayor competitividad.

Russo reconoció que los proveedores locales deben mejorar sus condiciones y adaptarse a las exigencias del mercado, aunque advirtió que la reducción de costos no puede convertirse en una excusa para desplazar a las empresas salteñas.

“Entendemos que tenemos que ser competitivos, pero eso no puede significar que el trabajo quede afuera de la provincia”, sostuvo.

El empresario también alertó sobre un lobby impulsado por cámaras empresariales de Buenos Aires y otras provincias para modificar los esquemas de compre local y avanzar hacia un sistema de compre nacional.

Actualmente, la legislación de Salta establece que entre el 40% y el 70% de los trabajadores, servicios, obras e insumos vinculados a proyectos mineros deben ser contratados dentro de la provincia.

Desde Capemisa defienden ese esquema y aseguran que la prioridad debe mantenerse en las comunidades cercanas a los proyectos, luego en el resto de la provincia, la región y finalmente el país y el exterior.

Russo aclaró que el sector no rechaza la posibilidad de asociarse con compañías de mayor escala y recordó que varias empresas salteñas ya trabajan bajo ese modelo mediante uniones transitorias con firmas nacionales.

Sin embargo, insistió en que el problema aparece cuando las importaciones comienzan a reemplazar tareas y servicios que antes realizaban empresas locales.

“Cada vez son más las cosas que vienen de afuera”, afirmó, y advirtió que algunas mineras ya buscan traer maquinaria propia para que las firmas locales sólo se encarguen de operarlas.

El caso del proyecto Vicuña fue señalado por Capemisa como un ejemplo de lo que Salta busca evitar. Para el dirigente, importar un campamento minero completo no sólo afecta el trabajo local, sino que también pone en riesgo la denominada licencia social de la minería.

“Ese tipo de decisiones son una negligencia y terminan afectando la aceptación social de los proyectos”, afirmó Russo, quien sostuvo que las compañías que operan en Salta comprenden que ese modelo no tendría respaldo en la provincia.