Aire Argentino Minero
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resolvió intervenir directamente en la acción de amparo presentada por las comunidades indígenas de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que desde hace más de seis años reclaman la protección del ambiente y de sus derechos frente al avance de los proyectos mineros de litio y borato en la región.
Un conflicto que lleva años
El reclamo judicial se inició en 2019 contra los gobiernos de Salta, Jujuy y el Estado nacional, por el desarrollo de emprendimientos mineros en el sistema hídrico compartido sin realizar evaluaciones de impacto ambiental adecuadas ni garantizar el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades originarias que habitan la zona.
Las comunidades advierten que la extracción intensiva de agua dulce para los procesos de evaporación del litio pone en riesgo el equilibrio ecológico de los salares, lo que podría derivar en su salinización o secamiento. La cuenca, de alta fragilidad ambiental, constituye además un ecosistema único en el país, donde subsisten especies adaptadas a condiciones extremas y donde el agua es un recurso escaso y vital.
La decisión del máximo tribunal
En su resolución, la Corte Suprema determinó que el caso se encuadra dentro de la competencia federal, al tratarse de un recurso natural compartido entre las provincias de Jujuy y Salta, lo que configura una situación interjurisdiccional según el artículo 7° de la Ley General del Ambiente N.º 25.675.
El tribunal sostuvo que la preservación de este ecosistema requiere una mirada federal e integral, que incluya la participación coordinada de las provincias y del Estado nacional. Asimismo, ordenó a las jurisdicciones demandadas presentar en el plazo de 30 días un informe detallado sobre los antecedentes y fundamentos de las medidas adoptadas, con el fin de evaluar la medida cautelar solicitada por las comunidades para suspender los permisos mineros mientras se analiza el fondo del caso.
Esta medida continúa la línea de control ambiental iniciada por la Corte en 2023, cuando había solicitado información sobre autorizaciones, estudios de impacto y consultas comunitarias, en busca de mayor transparencia y control público sobre la minería del litio.
Un precedente clave para el ambiente y los pueblos originarios
La decisión del máximo tribunal podría sentar un precedente histórico en materia de derechos humanos, justicia ambiental y protección de ecosistemas. Diversos especialistas consideran que este caso puede marcar un punto de inflexión en el tratamiento judicial de los conflictos socioambientales asociados a los minerales críticos para la transición energética, como el litio, el cobre y el borato.
De avanzar favorablemente, el fallo podría fortalecer el principio pro natura, la visión ecocéntrica del derecho ambiental y el reconocimiento del derecho de los ecosistemas a existir y regenerarse, en línea con la Opinión Consultiva N.º 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce la emergencia climática como un desafío global para los derechos fundamentales.
Contexto: el litio y la transición energética
La minería de litio es considerada estratégica para la fabricación de baterías y el desarrollo de energías limpias, pero también genera fuertes tensiones entre los objetivos económicos y la protección ambiental. En la región del Triángulo del Litio —conformada por Argentina, Chile y Bolivia—, las comunidades locales han denunciado la falta de participación en la toma de decisiones y la ausencia de consultas libres e informadas antes del otorgamiento de concesiones.
En este marco, la intervención directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación representa una oportunidad para armonizar el desarrollo minero con el respeto a los derechos indígenas y la conservación de los humedales altoandinos, uno de los ecosistemas más frágiles y valiosos del país.
