Polémica por la Ley de Glaciares: el Gobierno quiere que las provincias decidan qué se protege y qué no

El Ejecutivo nacional avanzará en una reforma clave: la modificación de la Ley de Glaciares, una demanda impulsada por varias provincias interesadas en destrabar proyectos mineros paralizados por las restricciones de la normativa vigente. La Casa Rosada confirmó que el tema fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias, y que el espíritu de la reforma es delegar en cada provincia la identificación y delimitación del ambiente periglacial.

Desde el Gobierno señalaron que la ley actual afecta “las posibilidades de inversión en la minería, el turismo y la actividad frutihortícola”, y cuestionaron que sea el Gobierno nacional quien determine qué áreas deben ser protegidas. “Queremos que cada provincia, previa ley de sus respectivas legislaturas, delimite su zona periglaciar, no un burócrata de Buenos Aires”, argumentaron.

Una reforma que el Gobierno denomina “aclaratoria”
El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, confirmó que el texto ya está redactado y que se trabajó durante meses para alcanzar consensos internos. Según el funcionario, la iniciativa no busca cambiar el objeto de la ley, sino “ordenar, aclarar y precisar conceptos” relativos a la responsabilidad de las provincias en torno a la gestión del agua, la protección del ambiente y la emisión de permisos.

“Básicamente va a ser un ejercicio de federalismo. Buenos Aires no puede decirles a las provincias qué tiene que hacer con su agua. La viabilidad de un proyecto debe basarse en estudios científicos evaluados por la provincia que tiene los recursos”, sostuvo Lucero durante el encuentro Argentina Oro, Plata y Cobre, organizado por Panorama Minero.

La propuesta redefine el rol provincial en la determinación de las reservas del ambiente periglacial y de las geoformas que aportan agua, estableciendo cuáles deben ser protegidas y bajo qué criterios técnicos.

Apoyos políticos y debate federal
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se expresó a favor de la revisión de la normativa. En una reciente entrevista, sostuvo que Argentina es “el único país con una Ley de Glaciares” de este tipo, y remarcó que los recursos naturales y los permisos ambientales ya pertenecen constitucionalmente a las provincias.

Jalil consideró que el Gobierno nacional tiene una ventana para discutir políticas públicas y que es necesario debatir la responsabilidad provincial en los permisos vinculados al ambiente periglacial. “Hay una oportunidad para que esto se discuta en el Congreso”, afirmó.

Tensión entre desarrollo y protección
El avance del proyecto promete abrir una discusión intensa entre sectores productivos, organizaciones ambientales y gobiernos provinciales. Mientras la Nación y las provincias mineras insisten en que la normativa actual frena inversiones millonarias y resta competitividad, especialistas ambientales alertan sobre los riesgos de debilitar la protección de ecosistemas estratégicos para el abastecimiento de agua.

La discusión ahora quedará en manos del Congreso, donde se espera un debate técnico, político y territorial sobre el impacto, los límites y las implicancias de la reforma.