El geólogo y ex secretario de Minería de Salta, Ricardo Alonso, cuestionó con dureza el acuerdo aprobado por Diputados entre Salta y Catamarca, al advertir que compromete territorios que la Corte Suprema reconoce como salteños y pone en riesgo ingresos estratégicos para la provincia.
Actualidad17/12/2025
Aire Argentino Minero
El reciente acuerdo minero entre las provincias de Salta y Catamarca, aprobado por la Cámara de Diputados, abrió un fuerte debate político, jurídico y económico. Uno de los cuestionamientos más contundentes fue planteado por Ricardo Alonso, doctor en Geología y ex secretario de Minería de Salta, quien advirtió sobre una posible pérdida de soberanía provincial.
El convenio involucra proyectos mineros estratégicos, como Sal de Oro y Diablillos, emplazados en territorios que, según fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pertenecen históricamente a Salta.
“Se pone en juego la soberanía de la provincia”
En declaraciones a Cadena 3, Alonso fue categórico al expresar su preocupación:
“Salta siempre fue dueña de esos territorios. Cualquier acuerdo que se haga, por más que sea una salida para solucionar problemas, pone en juego lo que siempre hemos defendido, que es la soberanía de nuestra provincia”.
El ex funcionario sostuvo que el acuerdo implica un retroceso en términos históricos y jurídicos, al aceptar una suerte de administración compartida sobre recursos que —según documentación oficial— corresponden a Salta.
Antecedentes históricos y fallos judiciales
Alonso remarcó la importancia histórica de yacimientos como Diablillos y Tincalayu, señalando que existen documentos que respaldan la pertenencia salteña de esos territorios desde fines del siglo XVIII.
“Los documentos que hay desde 1791 dicen que justamente la provincia de Salta termina donde está la mina de oro en Cahuasia”, afirmó, al tiempo que recordó que la Corte Suprema ya falló a favor de Salta en disputas anteriores vinculadas a estos yacimientos.
Este antecedente judicial, según explicó, agrava la controversia actual, ya que el acuerdo legislativo avanzaría sobre una cuestión que ya había sido resuelta en el máximo tribunal del país.
Impacto económico y reparto de ganancias
Otro de los puntos centrales del cuestionamiento tiene que ver con el impacto económico. Alonso advirtió que la provincia podría perder ingresos significativos derivados de la explotación minera.
“Lo que estamos haciendo es compartir ganancias entre ambas provincias, lo cual significa un avance de Catamarca sobre Salta”, sostuvo, al alertar sobre las consecuencias fiscales y productivas que podría traer el acuerdo a largo plazo.
Tensión política y cuestionamientos legislativos
La polémica también se trasladó al ámbito político. Según trascendió, el acuerdo generó cuestionamientos internos, incluso entre los nueve legisladores de La Libertad Avanza en el marco de la Delegación de Control, lo que expone la tensión existente en torno a la validez, oportunidad y alcance del convenio.
El debate continúa abierto y suma un nuevo capítulo a la discusión sobre los límites interprovinciales, la explotación de recursos estratégicos y el rol del Estado provincial en la defensa de su patrimonio natural.
La actividad minera en la provincia continúa mostrando indicadores positivos. En junio se registró un fuerte crecimiento del empleo, mejoras salariales y un marcado avance de la participación femenina en el sector.
El ex senador provincial por Capital, Gustavo Carrizo, asumió como nuevo secretario de Minería de Salta y adelantó una agenda basada en el trabajo territorial, la articulación con Nación, las comunidades y el sector académico.
El proyecto Vicuña, que incluye los depósitos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol en la provincia de San Juan, dio un paso significativo al solicitar adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) bajo la categoría PEELP (Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo). Con una inversión total estimada entre u$s15.000 millones y u$s17.000 millones a lo largo de más de una década, este proyecto se perfila para convertirse en la mayor inversión minera extranjera directa en la historia de Argentina.
La Legislatura de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino (San Jorge), convirtiéndose en el primer desarrollo metalífero de gran escala autorizado en la provincia en más de dos décadas. El proyecto demandará una inversión de USD 600 millones y representa un punto de inflexión para la minería argentina y el federalismo productivo.
El Gobierno nacional incluyó la reforma de la Ley de Glaciares en el temario de sesiones extraordinarias. La propuesta pretende que cada provincia delimite su ambiente periglacial y asuma la gestión plena de los recursos naturales, habilitando proyectos mineros hoy frenados por la normativa. Funcionarios y gobernadores respaldan la iniciativa, mientras crece el debate por el impacto ambiental y el alcance federal de la medida.
Empresas tecnológicas y del sector minero presentaron en Salta un conjunto de herramientas basadas en inteligencia artificial, analítica avanzada y datos ESG. La propuesta, impulsada por Itiers Data Sense y Minería Positiva con apoyo de especialistas de IBM, busca acelerar la transformación digital y promover operaciones más eficientes, seguras y sostenibles.
La minera francesa presentó una estrategia para revertir la caída de ingresos y disminuir su deuda. El proyecto Centenario-Ratones en Salta será clave para alcanzar capacidad plena en 2026 mediante tecnología de extracción directa.
El peculiar diseño institucional de la provincia coloca al Juzgado de Minas bajo la órbita de la Corte de Justicia como máxima autoridad administrativa del sector. Esta situación —inusual en el derecho minero argentino e internacional— genera confusiones entre funciones jurisdiccionales y ejecutivas, y expone un serio problema de división de poderes.
El Gobierno nacional incluyó la reforma de la Ley de Glaciares en el temario de sesiones extraordinarias. La propuesta pretende que cada provincia delimite su ambiente periglacial y asuma la gestión plena de los recursos naturales, habilitando proyectos mineros hoy frenados por la normativa. Funcionarios y gobernadores respaldan la iniciativa, mientras crece el debate por el impacto ambiental y el alcance federal de la medida.
A través del Paso de Jama y el puerto chileno de Angamos, la empresa Eramine concretó el envío de carbonato de litio a China. La operación marca un hito para la minería salteña y consolida el avance del Corredor Bioceánico Capricornio como alternativa estratégica al Atlántico.
El proyecto Vicuña, que incluye los depósitos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol en la provincia de San Juan, dio un paso significativo al solicitar adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) bajo la categoría PEELP (Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo). Con una inversión total estimada entre u$s15.000 millones y u$s17.000 millones a lo largo de más de una década, este proyecto se perfila para convertirse en la mayor inversión minera extranjera directa en la historia de Argentina.
El ex senador provincial por Capital, Gustavo Carrizo, asumió como nuevo secretario de Minería de Salta y adelantó una agenda basada en el trabajo territorial, la articulación con Nación, las comunidades y el sector académico.
El geólogo y ex secretario de Minería de Salta, Ricardo Alonso, cuestionó con dureza el acuerdo aprobado por Diputados entre Salta y Catamarca, al advertir que compromete territorios que la Corte Suprema reconoce como salteños y pone en riesgo ingresos estratégicos para la provincia.