Aire Argentino Minero
El reciente acuerdo minero entre las provincias de Salta y Catamarca, aprobado por la Cámara de Diputados, abrió un fuerte debate político, jurídico y económico. Uno de los cuestionamientos más contundentes fue planteado por Ricardo Alonso, doctor en Geología y ex secretario de Minería de Salta, quien advirtió sobre una posible pérdida de soberanía provincial.
El convenio involucra proyectos mineros estratégicos, como Sal de Oro y Diablillos, emplazados en territorios que, según fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pertenecen históricamente a Salta.
“Se pone en juego la soberanía de la provincia”
En declaraciones a Cadena 3, Alonso fue categórico al expresar su preocupación:
“Salta siempre fue dueña de esos territorios. Cualquier acuerdo que se haga, por más que sea una salida para solucionar problemas, pone en juego lo que siempre hemos defendido, que es la soberanía de nuestra provincia”.
El ex funcionario sostuvo que el acuerdo implica un retroceso en términos históricos y jurídicos, al aceptar una suerte de administración compartida sobre recursos que —según documentación oficial— corresponden a Salta.
Antecedentes históricos y fallos judiciales
Alonso remarcó la importancia histórica de yacimientos como Diablillos y Tincalayu, señalando que existen documentos que respaldan la pertenencia salteña de esos territorios desde fines del siglo XVIII.
“Los documentos que hay desde 1791 dicen que justamente la provincia de Salta termina donde está la mina de oro en Cahuasia”, afirmó, al tiempo que recordó que la Corte Suprema ya falló a favor de Salta en disputas anteriores vinculadas a estos yacimientos.
Este antecedente judicial, según explicó, agrava la controversia actual, ya que el acuerdo legislativo avanzaría sobre una cuestión que ya había sido resuelta en el máximo tribunal del país.
Impacto económico y reparto de ganancias
Otro de los puntos centrales del cuestionamiento tiene que ver con el impacto económico. Alonso advirtió que la provincia podría perder ingresos significativos derivados de la explotación minera.
“Lo que estamos haciendo es compartir ganancias entre ambas provincias, lo cual significa un avance de Catamarca sobre Salta”, sostuvo, al alertar sobre las consecuencias fiscales y productivas que podría traer el acuerdo a largo plazo.
Tensión política y cuestionamientos legislativos
La polémica también se trasladó al ámbito político. Según trascendió, el acuerdo generó cuestionamientos internos, incluso entre los nueve legisladores de La Libertad Avanza en el marco de la Delegación de Control, lo que expone la tensión existente en torno a la validez, oportunidad y alcance del convenio.
El debate continúa abierto y suma un nuevo capítulo a la discusión sobre los límites interprovinciales, la explotación de recursos estratégicos y el rol del Estado provincial en la defensa de su patrimonio natural.
