Histórico acuerdo entre Salta y Catamarca: repartirán regalías mineras 50 y 50 en proyectos clave

Salta y Catamarca pusieron en marcha un esquema transitorio para el control, la tributación y la distribución equitativa de regalías mineras en proyectos ubicados en una zona limítrofe aún indivisa. El acuerdo busca garantizar seguridad jurídica y continuidad operativa sin afectar los reclamos territoriales históricos.

Actualidad14/01/2026Aire Argentino MineroAire Argentino Minero

Las provincias de Salta y Catamarca activaron formalmente un régimen conjunto de control, tributación y distribución de regalías mineras para los proyectos Sal de Oro, de litio, y Diablillos, de plata, ambos emplazados en una zona limítrofe cuya delimitación definitiva aún no fue resuelta.

La implementación del esquema se concretó tras la promulgación de las leyes provinciales que aprueban los acuerdos transitorios de facilitación y fomento minero. Desde ambas jurisdicciones aclararon que los convenios no implican reconocimiento ni renuncia a derechos territoriales, sino que constituyen reglas provisorias destinadas a brindar seguridad jurídica, previsibilidad fiscal y continuidad operativa, mientras el Congreso de la Nación define el diferendo interprovincial, vigente desde hace 82 años.

Los acuerdos reconocen expresamente la superposición catastral en el área donde se desarrollan los proyectos y delimitan un ámbito de aplicación específico, con la posibilidad de ampliarlo si las empresas incorporan nuevas concesiones. Durante la vigencia del régimen, Salta y Catamarca se comprometen a actuar de manera coordinada y a no utilizar estos instrumentos como antecedente para futuros reclamos territoriales.

Cómo se repartirán las regalías
El eje central del esquema es la distribución equitativa de los recursos fiscales generados por la actividad minera en la zona en disputa.
Las regalías mineras, los tributos provinciales y otros gravámenes se repartirán en un 50% para Salta y un 50% para Catamarca, criterio que también se aplicará a los beneficios fiscales nacionales o provinciales que alcancen a los proyectos.

En el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, se estableció una coordinación bajo el Convenio Multilateral, asignando en partes iguales los ingresos y gastos atribuibles a las explotaciones. Para el impuesto de sellos, los actos y contratos con efectos económicos en el área también tributarán bajo un esquema de reparto equitativo.

Control interprovincial
Los acuerdos contemplan la creación de estructuras conjuntas de fiscalización.
Para Sal de Oro, se conformará una autoridad interprovincial integrada por tres representantes de cada provincia, encargada del control técnico, minero-ambiental y de policía minera.
En Diablillos, funcionará un comité de gestión interprovincial permanente, con subcomisiones específicas para el control ambiental, técnico, administrativo y tributario. En ambos proyectos, habrá además subcomisiones impositivas interprovinciales integradas por funcionarios de rentas de Salta y Catamarca.

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Estado de los proyectos
El proyecto Sal de Oro, operado por la firma surcoreana Posco Argentina, inició sus actividades en 2018 y actualmente atraviesa una etapa industrial clave. La empresa ya puso en marcha la planta CP1, que incluye la extracción en la Puna y una planta de producción de hidróxido de litio en General Güemes, inaugurada en octubre de 2024.

En paralelo, avanza la construcción de la planta CP2, ubicada en la zona limítrofe indivisa, destinada a la producción de carbonato de litio. Ambas plantas estarían operativas en el primer semestre de 2026, con una capacidad conjunta estimada de 50.000 toneladas anuales. El proyecto cuenta con reservas cercanas a 14 millones de toneladas y, en su pico de construcción, llegó a emplear 3.600 trabajadores. Actualmente, Posco emplea de forma directa a 431 personas, de las cuales el 70% son salteñas, y trabaja con 70 proveedores, 36 de ellos locales.

Por su parte, el proyecto Diablillos, a cargo de la canadiense AbraSilver, se encuentra en una etapa previa a la decisión de construcción. La empresa presentó el emprendimiento al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y espera una definición a comienzos de 2026.

Según el informe técnico más reciente, la inversión estimada para la construcción asciende a 543,6 millones de dólares, a lo que se suman 76,9 millones para la operación y 26,4 millones destinados al cierre ambiental. El yacimiento posee recursos estimados equivalentes a 3,9 millones de onzas de oro y 350 millones de onzas de plata, con un crecimiento del 170% en recursos medidos e indicados desde 2020. La etapa de construcción generaría más de 1.200 puestos de trabajo, mientras que la operación demandaría alrededor de 400 empleos permanentes.

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