Aire Argentino MineroEl debate por posibles cambios en la Ley de Glaciares volvió a generar fuertes posiciones en distintos sectores del país. Mientras el Gobierno nacional impulsa modificaciones para facilitar proyectos mineros vinculados a grandes inversiones, organizaciones religiosas, ambientalistas y comunidades locales expresaron su preocupación por el impacto en las reservas de agua.
La discusión se reactivó luego de que el oficialismo promoviera una reforma en el marco de políticas destinadas a atraer inversiones mineras, especialmente aquellas asociadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Desde el Gobierno y sectores vinculados a la minería sostienen que el cambio en la normativa podría permitir el desarrollo de nuevos proyectos en zonas cordilleranas, generando empleo, ingreso de divisas y desarrollo en provincias con fuerte potencial minero.
Frente a esta iniciativa, diferentes sectores religiosos y socioambientales comenzaron a manifestarse públicamente.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social expresó en una carta dirigida a legisladores que los glaciares “no son simples recursos económicos, sino fuentes de agua y de vida”, y pidió mantener los niveles de protección ambiental establecidos en la normativa vigente.
Además, redes ecuménicas y organizaciones territoriales sostienen que cualquier modificación podría debilitar la protección de reservas estratégicas de agua, especialmente en regiones donde el sistema hídrico depende de glaciares y ambientes periglaciares.
El debate también se apoya en principios planteados en la encíclica Laudato si’, del papa Francisco, que promueve una mirada de “ecología integral”, vinculando el cuidado ambiental con el desarrollo social.
En el plano legislativo, el tratamiento del proyecto sumó nuevos capítulos. El oficialismo decidió convocar a audiencias públicas para el 25 y 26 de marzo, donde participarán científicos, organizaciones ambientales, representantes empresariales y distintos sectores sociales.
Estas instancias buscarán ampliar el debate antes de que la iniciativa avance en el Congreso.
Mientras tanto, el tema también genera tensiones entre provincias mineras y sectores ambientalistas. Algunas administraciones provinciales remarcan la importancia de la minería para sus economías regionales, mientras que otros actores insisten en la necesidad de preservar fuentes de agua en la cordillera.
En paralelo al debate político, empresas mineras internacionales siguen de cerca la discusión normativa.
Entre las compañías interesadas en ampliar proyectos en Argentina aparecen grandes firmas del sector, que sostienen la necesidad de contar con mayor seguridad jurídica para inversiones en zonas de alta montaña.
Algunos emprendimientos, como proyectos de cobre en la cordillera, podrían acelerarse si se clarifican los límites legales para la actividad en áreas cercanas a glaciares o ambientes periglaciares.
La discusión también revive experiencias recientes en distintas provincias. En Chubut, en 2021, fuertes protestas sociales frenaron un proyecto de zonificación minera, mientras que en Mendoza la movilización ciudadana logró mantener vigente la ley provincial que restringe el uso de ciertas sustancias en la minería.
Estos antecedentes alimentan el actual debate nacional, donde minería, ambiente y desarrollo económico vuelven a cruzarse en el centro de la discusión política./LETRA P
