Empresas chilenas celebran cambios en la Ley de Glaciares

La reciente modificación de la Ley de Glaciares en Argentina generó repercusiones más allá de sus fronteras. Desde el sector empresarial chileno destacaron el nuevo marco normativo como una oportunidad para potenciar proyectos vinculados a la minería, la infraestructura y los servicios en la región andina.

La Cámara Chileno Argentina de Comercio, que agrupa a más de 50 compañías con presencia en áreas estratégicas como energía, construcción y finanzas, valoró la decisión del Congreso argentino al considerar que permitirá destrabar inversiones vinculadas al cobre y otros minerales críticos, claves para la transición energética global.

Según la entidad, la reforma introduce condiciones que favorecen el desarrollo de encadenamientos productivos binacionales, lo que podría traducirse en mayor actividad económica tanto en Argentina como en Chile. En ese sentido, remarcaron la importancia de fortalecer la integración económica en la zona cordillerana.

Uno de los aspectos centrales del nuevo esquema es la flexibilización de las condiciones para desarrollar actividades en áreas periglaciares, al limitar la protección estricta solo a aquellas zonas con función hídrica comprobada. Esto abre la puerta a iniciativas productivas que anteriormente estaban restringidas por la normativa sancionada en 2010.

Además, la reforma otorga mayor protagonismo a las provincias argentinas, que ahora tendrán la potestad de autorizar proyectos mediante evaluaciones de impacto ambiental y criterios técnicos actualizados. Desde el sector empresarial consideran que este cambio puede reducir la incertidumbre y acelerar procesos de inversión.

No obstante, desde la cámara también subrayaron la necesidad de que cualquier desarrollo se realice respetando la normativa ambiental vigente, con especial atención a la protección de los recursos hídricos y los ecosistemas de montaña.

En ese marco, destacaron el rol de la participación comunitaria y el diálogo con actores locales como elementos clave para garantizar la llamada “licencia social” de los proyectos mineros.

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso de generar espacios de articulación entre el sector público y privado para acompañar la implementación de la reforma y promover una mayor integración productiva en la región.