Aire Argentino Minero
La Ruta Nacional 51 volvió a ser escenario de un episodio de alto riesgo ambiental luego del aluvión provocado por las tormentas en la Quebrada del Toro. En medio de la crecida, un camión que transportaba bórax quedó varado en el cauce del río, cerca de la zona de Alfacito, sin que —según denuncian vecinos y organizaciones— ninguna autoridad intervenga de inmediato para evaluar posibles filtraciones o daños en la carga.
La imagen del vehículo atrapado en el agua encendió las alarmas de la Red de Lucha Socioambiental de Salta, que consideró la situación como una muestra de la falta de protocolos ambientales y de una infraestructura vial colapsada. “Es un riesgo extremo para la salud de los pobladores y para los cursos de agua de la quebrada”, advirtieron desde la organización.
Un corredor minero saturado y frágil
La RN 51 es hoy uno de los principales ejes del tránsito minero en Salta. Por allí circulan camiones que transportan bórax, carbonatos, químicos e insumos vinculados a la extracción de litio y otras actividades del sector. Sin embargo, la ruta continúa siendo una de las trazas más vulnerables de la provincia, castigada por socavones, derrumbes y terraplenes deteriorados.
Para las comunidades de Santa Rosa, Las Cuevas, Tastil y San Antonio de los Cobres, la combinación entre infraestructura precaria y tráfico pesado constituye un problema crónico. Según indicó ElTinteroDeSalta, los pobladores señalan que el modelo extractivo que avanza sin reglas ha generado contaminación, afectación de humedales y compromisos severos en la disponibilidad de agua.
Ausencia de controles y silencio oficial
La Red denunció que durante horas no se registró presencia de personal de Ambiente, Minería, Seguridad ni Defensa Civil para verificar el estado del camión o posibles derrames. Tampoco hubo un reporte oficial que aclarara si la carga química presentó daños o si se puso en marcha algún protocolo de contingencia.
La organización calificó el episodio como “un ecocidio en desarrollo” y advirtió que la exposición continua de las comunidades a episodios de contaminación —por falta de supervisión y controles— constituye una forma de violencia ambiental y “genocidio territorial”.
“Lo único que hace el Estado es despejar la traza para que los camiones sigan pasando. La Ruta 51 funciona como un corredor minero sin reglas”, denunciaron.
