Aire Argentino Minero
El conflicto generado por la adjudicación del servicio de alimentación en la mina de oro Lindero, operada por Mansfield Minera en Los Andes, comenzó a encaminarse hacia una solución tras la intervención del Gobierno de Salta y el compromiso de la empresa de revisar el proceso licitatorio.
La disputa surgió luego del vencimiento del contrato con Cookins —proveedor con sede en Buenos Aires— y el inicio de una nueva licitación. La posibilidad de que el servicio pasara a manos de una empresa recientemente radicada en la provincia, presuntamente vinculada al grupo estadounidense Aramark, despertó la preocupación de proveedores salteños, la comunidad de Tolar Grande y organizaciones del sector.
La Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa) cuestionó que la licitación no se desarrolló en condiciones equitativas, denunciando falta de igualdad en plazos y requisitos para las firmas locales. Advirtió que no se puede favorecer a una compañía recién llegada por sobre proveedores con infraestructura, personal capacitado y experiencia en la Puna salteña.
Ante esta situación, el jueves pasado se realizó una mesa de diálogo con la presencia del ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos; la secretaria de Minería y Energía, Romina Sassarini; el intendente de Tolar Grande, Sergio Villanueva; representantes de la Comunidad Kolla; directivos de Mansfield; y autoridades de Capemisa. Allí, la empresa se comprometió a abrir una nueva instancia de revisión técnica para los proveedores locales que participaron en la licitación, con plazo hasta el 7 de agosto para reformular y mejorar sus propuestas.
Mansfield explicó que realizó una “adjudicación de contingencia” para garantizar la alimentación de más de mil trabajadores mientras se resolvía el nuevo contrato, y aseguró que el proceso fue abierto y que mantendrá tanto la actual fuerza laboral como a los proveedores locales.
