Demoras en la investigación por la muerte de los mineros en Cerro Negro

A casi un año del trágico fallecimiento de Roxana Ledesma y Daniel Ochoa en la mina Cerro Negro, la investigación judicial sigue sin respuestas claras. El fiscal Ariel Candia, a cargo del caso, admitió que la instrucción judicial avanza con lentitud y que aún no hay imputados, generando incertidumbre y angustia en los familiares de las víctimas.

En una entrevista con el programa La Otra Gestión de Radio Nuevo Día 100.9, Candia detalló que la investigación se encuentra en un 50% de avance. Uno de los principales problemas es la demora en los estudios forenses: los órganos de las víctimas fueron extraídos en abril de 2024, pero los turnos para los análisis toxicológicos se solicitaron recién en octubre. Hasta la fecha, las familias desconocen dónde están las muestras ni cuándo podrán acceder a los resultados definitivos.

El fiscal también explicó que la investigación es compleja debido a que los hechos ocurrieron en una mina subterránea, donde la mayor parte de la información clave está en manos de la empresa Newmont. Según las pericias, Ledesma y Ochoa ingresaron a una zona inhabilitada, sin ventilación y con presencia de gases tóxicos. La cartelería de advertencia estaba en el suelo y los trabajadores avanzaron 70 metros dentro de la zona restringida sin detectores de gases ni otros elementos de seguridad.

Candia señaló que otro obstáculo en la causa ha sido la falta de documentación por parte de la empresa minera. "A veces la información se borra o los registros no aparecen", advirtió en relación con los controles de ingreso y la provisión de equipos de seguridad. A pesar de las evidencias de irregularidades, el fiscal aclaró que aún no se ha requerido la instrucción formal contra ninguna persona y que la posibilidad de imputaciones penales sigue en análisis.

"Hay responsabilidades administrativas y civiles evidentes, pero la penal aún está en estudio", afirmó Candia. En los próximos meses podrían realizarse citaciones a indagatoria, pero el avance del caso sigue siendo incierto. Mientras tanto, los familiares de las víctimas continúan exigiendo respuestas y justicia, denunciando la lentitud del proceso y la falta de transparencia en la investigación.