Concebida para proteger los hielos, hoy se erige como un laberinto jurídico que condiciona el desarrollo minero.
General17/09/2025
Aire Argentino Minero
En un contexto en el que Argentina busca posicionarse como un jugador global en la producción de cobre, la Ley de Glaciares vuelve al centro del debate. El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, lo planteó sin eufemismos: el 75% de los proyectos de cobre dependen de que este tema se resuelva.
El punto crítico está en la definición legal. La norma, aprobada en 2010 con el objetivo de salvaguardar los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce, extiende su alcance a las llamadas “crioformas”, un concepto amplio y ambiguo que, en la práctica, deja bajo prohibición áreas que no cumplen funciones hídricas significativas. Para Cacciola, esta imprecisión genera inseguridad jurídica, paraliza proyectos y desalienta inversiones.
El cobre: una realidad, no un potencial
Argentina cuenta con recursos de cobre de clase mundial. La incógnita no es geológica, sino política y estructural: ¿tiene el país la capacidad de desarrollarlos? Según el titular de CAEM, la respuesta depende de tres factores clave: reglas claras, infraestructura y visión de largo plazo.
En este sentido, defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta necesaria para compensar el incumplimiento de la ley de inversiones mineras vigente. “La minería de cobre no es una carrera de 100 metros, sino una maratón”, advirtió, al subrayar que el desarrollo de un proyecto puede demandar más de 15 años.
Oro y plata: precios récord, producción en crisis
Mientras tanto, el panorama del oro y la plata ofrece un contraste. A pesar de los valores internacionales históricos, la producción nacional está en declive por la falta de exploración y de nuevos proyectos que reemplacen a los yacimientos maduros. El riesgo es claro: sostenerse en precios altos sin garantizar reposición implica hipotecar el futuro.
Entre la protección ambiental y el desarrollo productivo
El debate abierto por Cacciola va más allá de la minería. Se trata de cómo legislar para preservar los bienes comunes sin frenar el desarrollo económico y el empleo. El consenso parece evidente en un punto: no hay minería sin ambiente, pero tampoco desarrollo sin reglas claras y políticas de Estado.
La pregunta, entonces, sigue en pie: ¿Argentina puede transformar su riqueza geológica en una realidad productiva o quedará atrapada en un laberinto legal y estructural que dilate indefinidamente su oportunidad histórica?
La minería argentina cerró 2025 con cifras históricas: creció 8,5% interanual en su aporte al PBI, alcanzó récords de exportación y reforzó su papel como uno de los principales generadores genuinos de divisas del país, según datos oficiales y del sector empresario.
Un informe oficial advierte que el país tiene una ventana histórica para potenciar sus exportaciones auríferas, impulsadas por precios récord y demanda global sostenida. Sin nuevas inversiones y proyectos en marcha, el ciclo favorable podría desaprovecharse, con impacto directo en provincias mineras como Salta.
El encuentro tuvo como eje el fortalecimiento de una agenda conjunta para el desarrollo de la minería sustentable en la provincia, con foco en la agilización de trámites y el avance de proyectos estratégicos de litio.
Uno de los puntos de coincidencia fue que el desarrollo minero sostenible no puede pensarse desde decisiones unilaterales, sino a partir del diálogo permanente, el respeto por las identidades locales y la participación activa de las comunidades
Un camión cargado con bórax quedó varado en medio de la creciente en la Quebrada del Toro tras el último aluvión en la Ruta Nacional 51. Organizaciones socioambientales denuncian ausencia total de controles, riesgo de contaminación y un corredor minero saturado y sin protocolos. Piden respuestas urgentes del Estado.
En un contexto de expansión de proyectos energéticos y mineros en la Argentina, el gobierno de Santa Fe profundiza su estrategia para posicionarse como proveedor clave de la cadena de valor. Autoridades provinciales y referentes del sector destacaron la articulación público-privada y anticiparon medidas para potenciar a las empresas locales de cara al 2026.
La senadora nacional electa por Primero los Salteños, Flavia Royón, asumió su banca en la Cámara Alta y anticipó que concentrará su labor legislativa en energía, minería y competitividad productiva. Sostuvo que el país entra en una etapa de reformas profundas y que el Senado será decisivo para garantizar un federalismo real.
Con el litio y el cobre como motores de una expansión sin precedentes, la minería argentina atraviesa un proceso de transformación industrial que exige eficiencia y disponibilidad operativa continua. En ese contexto, la empresa SV se consolida como un proveedor esencial, con el mayor stock nacional de filtros, repuestos y tren rodante para maquinaria pesada, y con una red logística capaz de abastecer a todos los proyectos mineros del país.
Uno de los objetivos centrales será brindar mayor previsibilidad a las inversiones, reforzando la seguridad jurídica como condición para sostener el interés de capitales nacionales e internacionales.
El repunte del precio del litio, las proyecciones de fuerte demanda y el mejor clima inversor impulsan a las compañías del sector y benefician a las provincias del NOA.
Un informe oficial advierte que el país tiene una ventana histórica para potenciar sus exportaciones auríferas, impulsadas por precios récord y demanda global sostenida. Sin nuevas inversiones y proyectos en marcha, el ciclo favorable podría desaprovecharse, con impacto directo en provincias mineras como Salta.
La minería argentina cerró 2025 con cifras históricas: creció 8,5% interanual en su aporte al PBI, alcanzó récords de exportación y reforzó su papel como uno de los principales generadores genuinos de divisas del país, según datos oficiales y del sector empresario.
Salta y Catamarca pusieron en marcha un esquema transitorio para el control, la tributación y la distribución equitativa de regalías mineras en proyectos ubicados en una zona limítrofe aún indivisa. El acuerdo busca garantizar seguridad jurídica y continuidad operativa sin afectar los reclamos territoriales históricos.