Aire Argentino MineroLa explotación del litio en Jujuy vuelve a estar en el centro del debate, esta vez por la falta de transparencia en el manejo de los fondos que la provincia percibe como regalías mineras. La abogada especializada en derecho ambiental, Alicia Chalabe, cuestionó duramente al Gobierno provincial por el hermetismo en torno a los montos recaudados y su posterior distribución.
“No sabemos a dónde va la recaudación ni si llega a las comunidades originarias”, advirtió Chalabe, quien aseguró que existe una ausencia total de información pública sobre el destino de esos recursos.
Según explicó, la provincia percibe apenas un 3% del valor del mineral extraído, del cual un 70% va a Rentas Generales y el 20% restante a municipios y comisiones municipales. Sin embargo, ese porcentaje se calcula descontando los costos, lo que reduce aún más los ingresos. “Exportamos el polvo de litio como materia prima. Mientras acá se paga 10 dólares por kilo, en el exterior, al sumarse la cadena de valor, puede alcanzar hasta 3.000 dólares si es destinado a energía nuclear”, señaló.
Para la especialista, el 3% que percibe Jujuy “es ínfimo” y el destino que se le da “es un agujero negro. No sabemos en qué sector del Estado se invierte ni si efectivamente las comunidades reciben algo”. Y agregó: “La realidad es que en las Salinas no hay señal de celular, no hay agua suficiente y faltan agentes de salud. En muchos casos, son las empresas mineras las que organizan campañas médicas”.
Chalabe también mencionó la reciente venta de Arcadium Lithium a Rio Tinto por 6.700 millones de dólares, donde JEMSE —la empresa estatal jujeña— tuvo una participación del 8,5%. “No se informó nada sobre esa operación, ni sobre los ingresos que eso implicó para la provincia”, remarcó.
Además de exigir la publicación de contratos y la trazabilidad de los fondos, la abogada puso en duda el impacto real en la generación de empleo. “Se habla de proveedores locales y trabajo genuino, pero no hay cifras claras que lo respalden. No sabemos si compensa lo que se llevan las empresas”.
Por último, cuestionó también a la Fundación Cambio Climático, Ambiente y Energía (FUCCAE), presidida por el exgobernador Gerardo Morales e integrada por funcionarios provinciales. “Las ONG no pueden estar dirigidas por funcionarios. En su sitio web incluso figuran como antecedentes obras realizadas por el Gobierno. Es una incompatibilidad y un juego de roles inaceptable”, sostuvo.
Chalabe informó además que presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la reforma constitucional impulsada por Morales. Denunció que no existe control sobre el agua utilizada por las mineras y que se vulneran estándares básicos en materia de derechos humanos. También criticó la participación de la OIT en proyectos mineros que, según afirmó, “no cumplen con esos principios”.
