Aire Argentino Minero
La Municipalidad de San Antonio de los Cobres, en el corazón de la Puna salteña, proyecta para el 2025 un ingreso sin precedentes de 4 mil millones de pesos provenientes exclusivamente de la Tasa de Seguridad, Higiene y Ecología que se aplica a las empresas mineras y proveedoras que operan en el departamento Los Andes. La cifra representa más de la mitad del presupuesto anual del municipio y supera ampliamente lo que recibe por coparticipación, marcando un hito en su autonomía financiera.
Este ingreso extraordinario refleja el impacto directo de la minería en las economías locales, más allá del empleo o la cadena de valor: el tributo local que pagan las compañías por su actividad se consolida como una fuente sólida de recursos fiscales que permite financiar obras de infraestructura, servicios públicos y desarrollo comunitario.
De acuerdo con el presupuesto municipal para 2025, casi el 85% de estos fondos será destinado a obras públicas, con una inversión prevista de $3.412 millones distribuidos en 33 proyectos claves. Entre los más destacados se encuentran obras esenciales de agua potable y cloacas para el barrio Alto Molino III por más de $425 millones, y una inversión de $325 millones en red eléctrica para el mismo sector.
La infraestructura educativa también recibirá un impulso relevante con la construcción de aulas nuevas en la escuela técnica local, obra que demandará $214 millones. Las inversiones también alcanzan a otras localidades bajo jurisdicción del municipio, como Pocitos, donde se ejecutarán cordones cuneta por $200 millones, mejorando la transitabilidad y el acceso.
El desarrollo urbano y turístico figura entre las prioridades del plan de obras. Se destaca la creación de una nueva plaza en Santa Rosa de los Pastos Grandes, con una inversión de $248 millones, y un mirador turístico en el acceso a San Antonio de los Cobres por $145 millones. Además, se construirá la “Plaza Sensorial La Mujer Puneña”, un espacio innovador de uso comunitario con una inversión de $340 millones, pensado para poner en valor la identidad local y ofrecer un entorno atractivo tanto para residentes como para visitantes.
El impacto de estos fondos puede medirse en términos concretos: los $4 mil millones equivalen a la construcción de unas 90 viviendas sociales tipo Fonavi, según los costos actuales del IPV. Un número significativo si se considera que la localidad cuenta con aproximadamente seis mil habitantes, y que durante décadas ha tenido un acceso limitado a programas sostenidos de urbanización y vivienda.
Si bien el nombre de empresas como Rio Tinto, Posco Argentina y Livent, entre otras, suelen aparecer ligadas al empleo o la producción de litio, este caso muestra cómo la actividad minera comienza a transformar la realidad presupuestaria de los municipios.
