Se trata de un paso clave en la estrategia oficial para convertir a la minería en uno de los motores de la recuperación económica, especialmente en regiones alejadas como la Puna, donde estos ingresos comienzan a tener un fuerte impacto local.
Actualidad07/07/2025
Aire Argentino Minero
Este lunes, mediante el Decreto 449/25, el Gobierno de Argentina anunció una serie de modificaciones clave a la Ley 24.196 de Inversiones Mineras y a la Ley 24.466 del Banco Nacional de Información Geológica. Las reformas se encuadran en el paquete de medidas adoptadas bajo las facultades delegadas por la Ley de Bases y apuntan, según el texto oficial, a reducir la burocracia, facilitar la llegada de nuevas inversiones y mejorar la eficiencia estatal en el sector minero.
¿Qué cambios se implementaron?
1. Simplificación del trámite de verificación de inversiones
Hasta ahora, para acceder a los beneficios fiscales, las empresas debían presentar extensos formularios con más de 1.000 campos de información, muchos sin sustento legal ni utilidad práctica. Con el nuevo régimen, bastará con que el interesado presente un informe técnico realizado por un profesional independiente que describa las inversiones ejecutadas.
Esta medida alivia la carga administrativa tanto para las empresas como para la Secretaría de Minería, optimizando el control estatal sin duplicación de documentación innecesaria.
2. Agilización del Certificado de Estabilidad Fiscal
Una de las trabas más señaladas por los inversores era la demora en la obtención del Certificado de Estabilidad Fiscal, que llegaba a tardar más de un año. Esto se debía a que requería información tributaria detallada de los tres niveles de gobierno (nación, provincias y municipios).
Con la reforma del artículo 10 de la Ley 24.196, el nuevo certificado solo deberá consignar la fecha desde la cual rige la estabilidad fiscal, eliminando la necesidad de recabar datos de cada jurisdicción y acelerando radicalmente el proceso.
3. Reorganización del manejo de la información geológica
La reforma también impacta en la Ley 24.466, estableciendo que el Banco Nacional de Información Geológica quedará a cargo exclusivo del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), que cuenta con mayor capacidad técnica que la Secretaría de Minería para cumplir esta función.
Además, las empresas inscriptas en el Régimen de Inversiones Mineras deberán presentar los datos geológicos directamente ante la autoridad de aplicación, que luego los remitirá al SEGEMAR para su publicación en una base de datos pública, garantizando transparencia y utilidad científica.
¿Qué es la Ley de Inversiones Mineras y por qué es tan importante?
La Ley 24.196, sancionada en 1993, es una de las principales herramientas del Estado nacional para promover el desarrollo del sector minero. Entre sus principales beneficios se destacan:
Estabilidad fiscal por 30 años: Congela la carga impositiva total desde la aprobación del proyecto.
Beneficios impositivos: Deducción de ganancias, devolución de IVA, amortización acelerada de inversiones, entre otros.
Facilidades para importaciones: Exenciones en derechos de importación para maquinaria e insumos mineros.
Inscripción en el Registro de Inversiones Mineras: Requisito para acceder a todos estos beneficios.
Con estos cambios, el Gobierno busca revitalizar el interés inversor en el sector minero argentino, especialmente en un contexto donde los proyectos de litio, cobre y oro ganan protagonismo en la agenda económica global. Al reducir los plazos burocráticos, eliminar redundancias y facilitar el acceso a los incentivos, las reformas apuntan a posicionar a Argentina como un destino más competitivo y previsible para la inversión minera.
A medida que crece el debate sobre el rol de la minería en el desarrollo nacional y regional, San Antonio de los Cobres parece marcar el camino de un modelo que apuesta a canalizar la renta minera en obras públicas concretas y de impacto directo.
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El operativo fue encabezado por la Dirección de Minería de la provincia. Se incautaron maquinarias y se detectó la violación de normas ambientales y de seguridad.
Se trata de un paso clave en la estrategia oficial para convertir a la minería en uno de los motores de la recuperación económica, especialmente en regiones alejadas como la Puna, donde estos ingresos comienzan a tener un fuerte impacto local.