El Gobierno aprobó la adhesión al RIGI de McEwen Cooper para explotar y procesar cobre en la Cordillera de los Andes.
General15/10/2025
Aire Argentino MineroEl Gobierno nacional autorizó oficialmente la incorporación del Proyecto Los Azules al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por la minera McEwen Cooper, con una inversión prevista de US$2.672 millones en exploración y explotación de cobre en San Juan.
La resolución oficial 1553/2025, publicada en el Boletín Oficial, detalla que el proyecto contempla la construcción de la mina, planta e infraestructura asociada para extraer y procesar cátodos de cobre. La iniciativa se desarrolla en la Cordillera de los Andes, dentro del departamento de Calingasta, a unos 80 km al oeste-noroeste de la localidad homónima y a seis kilómetros de la frontera con Chile.
Según informaron desde el Ejecutivo, el proyecto generará más de 3.500 empleos directos e indirectos y se prevé que las exportaciones alcancen US$1.100 millones anuales una vez consolidado. De la inversión total, US$2.353 millones corresponden a activos computables, superando ampliamente el mínimo exigido por la normativa vigente.
La empresa detalló que durante los primeros dos años desde la adhesión al RIGI se invertirán US$33,5 millones en el primer año y US$382,2 millones en el segundo, sumando un total de US$415,7 millones, equivalente a más del 40% del monto mínimo requerido, con fecha límite para completar la inversión comprometida al 31 de diciembre de 2027.
En cuanto a proveedores, el plan establece que 61,1% de los recursos destinados a bienes, obras e infraestructura durante las etapas de construcción y operación se canalizará hacia proveedores locales, superando ampliamente el 20% exigido por la normativa.
El Comité Evaluador de Proyectos RIGI revisó los antecedentes y, basándose en informes técnicos de las dependencias correspondientes, recomendó aprobar la adhesión de Proyecto Los Azules y su plan de inversión. Con esta aprobación, el Ministerio de Economía oficializó hoy la inclusión del proyecto, que se convierte en el octavo proyecto aprobado bajo el RIGI, sumando un total de inversiones acumuladas de US$15.739 millones en todo el país./LA OPINIÓN
En un contexto de expansión de proyectos energéticos y mineros en la Argentina, el gobierno de Santa Fe profundiza su estrategia para posicionarse como proveedor clave de la cadena de valor. Autoridades provinciales y referentes del sector destacaron la articulación público-privada y anticiparon medidas para potenciar a las empresas locales de cara al 2026.
La senadora nacional electa por Primero los Salteños, Flavia Royón, asumió su banca en la Cámara Alta y anticipó que concentrará su labor legislativa en energía, minería y competitividad productiva. Sostuvo que el país entra en una etapa de reformas profundas y que el Senado será decisivo para garantizar un federalismo real.
Con el litio y el cobre como motores de una expansión sin precedentes, la minería argentina atraviesa un proceso de transformación industrial que exige eficiencia y disponibilidad operativa continua. En ese contexto, la empresa SV se consolida como un proveedor esencial, con el mayor stock nacional de filtros, repuestos y tren rodante para maquinaria pesada, y con una red logística capaz de abastecer a todos los proyectos mineros del país.
Aunque domina todo el ciclo nuclear y forma parte del selecto grupo de países con desarrollo integral en esta industria, Argentina sigue importando uranio desde Kazajistán y Canadá. Sin embargo, un proyecto en Río Negro, hoy en fase de prefactibilidad, podría revertir décadas de inactividad y encaminar al país hacia el autoabastecimiento y la exportación.
El intendente de la ciudad participó del panel “La minería y el rol de los municipios” durante el Salta Mining Summit 2025, realizado en el Hotel Sheraton. Frente a empresarios, inversores y autoridades, Durand remarcó la necesidad de acompañar el crecimiento minero con políticas locales que generen empleo y desarrollo sostenible.
La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN) emitió un fuerte comunicado tras las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en el Coloquio de IDEA. “Usamos la palabra que él eligió: no somos pelotudos”, expresaron. Advirtieron que la desregulación pone en riesgo el desarrollo local y la licencia social del sector.
El Ministerio de Energía y Ambiente, junto a instituciones educativas y empresas del sector, presentará un espacio de formación, innovación y articulación entre el sistema educativo y la industria minera. La actividad se desarrollará del 29 al 31 de octubre en la Nave Cultural y la Nave UNCuyo, en la Ciudad de Mendoza.
El máximo tribunal asumió la competencia en la causa iniciada por comunidades indígenas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que denuncian violaciones a derechos humanos y daños ambientales por los proyectos de litio y borato en Salta y Jujuy.
El Grupo Vacazur Hermanos, nacido hace 26 años en el corazón de la Puna salteña, pasó de ser un emprendimiento familiar a convertirse en una de las empresas indígenas más sólidas del sector minero. Con más de 150 trabajadores —en su mayoría de comunidades originarias— hoy sostiene un modelo de desarrollo que combina identidad, profesionalización y compromiso social.
La senadora nacional electa por Primero los Salteños, Flavia Royón, asumió su banca en la Cámara Alta y anticipó que concentrará su labor legislativa en energía, minería y competitividad productiva. Sostuvo que el país entra en una etapa de reformas profundas y que el Senado será decisivo para garantizar un federalismo real.
AbraSilver Resource Corp. presentó ante el Gobierno nacional su pedido formal para incorporar el proyecto aurífero y argentífero Diablillos al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones. La solicitud apunta a asegurar previsibilidad fiscal y regulatoria de cara al inicio de la construcción en 2026, con una inversión proyectada superior a los u$s500 millones.
La provincia participó de la Reunión Anual 2025 del Environmental Governance Programme, organizada por el PNUD y la Agencia Sueca de Protección Ambiental. Presentó progresos en gobernanza del litio, participación comunitaria y fortalecimiento territorial, y delineó las acciones previstas para 2026.
El peculiar diseño institucional de la provincia coloca al Juzgado de Minas bajo la órbita de la Corte de Justicia como máxima autoridad administrativa del sector. Esta situación —inusual en el derecho minero argentino e internacional— genera confusiones entre funciones jurisdiccionales y ejecutivas, y expone un serio problema de división de poderes.